Canal ético

Puede usar el canal quien haya obtenido la información en un contexto laboral o profesional (art. 3 de la Ley 2/2023):

• Personas trabajadoras por cuenta ajena y autónomas.
• Accionistas y miembros del órgano de administración, dirección o supervisión, también no ejecutivos.
• Quien trabaje para o bajo la supervisión de contratistas, subcontratistas y proveedores.
• Antiguas personas trabajadoras, voluntariado, prácticas y formación, remunerados o no.
• Candidaturas, por lo que hayan conocido en un proceso de selección o negociación precontractual.

La protección alcanza también a quienes le asistan, a representantes de las personas trabajadoras que le asesoren y a su entorno que pueda sufrir represalias.

El canal protege la comunicación de (art. 2):

• Infracciones del Derecho de la Unión Europea, por ejemplo en materia de competencia, ayudas de Estado o intereses financieros de la Unión.
• Acciones u omisiones que puedan constituir una infracción penal o administrativa grave o muy grave, en todo caso las que supongan quebranto económico para la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Quedan fuera de la protección (art. 35.2) los conflictos interpersonales que solo afecten a quien comunica y a la persona señalada, la información que ya es pública o los meros rumores, y las comunicaciones que se inadmitan. Puede enviarnos igualmente otras cuestiones, pero sin la protección de la ley (art. 7.4).

• Confidencialidad. Su identidad se reserva y no se comunica a la persona afectada ni a terceros, salvo a un juez, al Ministerio Fiscal o a la autoridad competente (art. 33).
• Anonimato. Puede comunicar sin identificarse y la comunicación se tramita igualmente (art. 7.3). Lea cómo hacerlo con más seguridad.
• Sin represalias. Están prohibidos el despido, las sanciones, el cambio perjudicial de condiciones, el acoso, la discriminación y cualquier otra represalia, también su amenaza o tentativa, durante dos años (arts. 36 a 38). Si hay represalia, le corresponde a quien la ejerce probar que fue ajustada a derecho.
• Persona afectada. Tiene presunción de inocencia, derecho a ser informada de lo que se le atribuye y a ser oída, y su identidad también se preserva.

1. Comunique por escrito o con un mensaje de audio. Si prefiere hablar en persona, puede pedir una reunión presencial, que se celebrará en un máximo de siete días.
2. Recibirá al instante una clave de acceso y el acuse de recibo. La clave no se puede recuperar: guárdela.
3. Le responderemos en un máximo de tres meses desde la recepción, ampliables otros tres en casos de especial complejidad.
4. Siga el caso, lea las respuestas y aporte más información desde su buzón con la clave.

Persona designada por el órgano de administración de PICCONIA GEST, S.L. conforme al artículo 8 de la Ley 2/2023, que actúa con independencia y autonomía.

A través de este canal: sus mensajes llegan directamente al Responsable del Sistema y a las personas que gestionan el canal.

También puede dirigirse a las autoridades a través de sus canales externos (arts. 7.2, 9.2.b y 35.4).

• Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (AIPI) (se abre en otra pestaña)
  Canarias no tiene autoridad autonómica propia: la autoridad competente es la AIPI.
• Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (se abre en otra pestaña)
• Fiscalía Europea (se abre en otra pestaña)